La deserción escolar en Colombia es un fenómeno complejo que trasciende las cifras y refleja profundas desigualdades estructurales en el sistema educativo. Aunque se han logrado avances significativos en la cobertura, con millones de niños y jóvenes matriculados en las aulas, el reto ahora es garantizar que el tiempo que pasan en las instituciones educativas sea significativo, transformador y sostenido.
Según datos recientes del Ministerio de Educación Nacional, en 2023, la tasa de deserción escolar en Colombia fue del 3,7%, lo que equivale a aproximadamente 335.000 estudiantes que abandonaron el sistema educativo en un solo año. Esta cifra representa la segunda más alta en la última década, solo superada por el 4,1% registrado en 2022. En total, más de 700.000 niños, niñas y adolescentes han desertado en los últimos dos años, una situación que enciende las alarmas sobre el estado actual del sistema educativo del país.
En el departamento de Antioquia, la situación también es preocupante. Aunque la tasa de deserción escolar ha mostrado una ligera disminución, pasando de 5,9% en 2021 a 4,65% en 2023, aún representa un desafío significativo para las autoridades educativas locales.
La deserción escolar no es un fenómeno aislado; está estrechamente relacionada con otros factores como la repitencia y la extraedad. En 2023, más de 725.000 estudiantes en Colombia repitieron el año escolar, lo que representa una tasa de repitencia del 8,1%. Este fenómeno, además de desmotivar a los estudiantes, incrementa la probabilidad de abandono escolar, especialmente entre aquellos de bajos recursos. Asimismo, la tasa de extraedad en el país es del 5,5%, lo que implica que alrededor de 500.000 estudiantes se encuentran atrasados en su proceso académico y corren un mayor riesgo de desertar.
Es fundamental reconocer que el acceso a la educación no garantiza por sí solo la permanencia y el éxito académico de los estudiantes. Es necesario implementar estrategias integrales que aborden las múltiples dimensiones del problema. Esto incluye mejorar la calidad de la educación, fortalecer el acompañamiento psicosocial, garantizar condiciones adecuadas de infraestructura y alimentación, y promover la participación activa de las familias y comunidades en el proceso educativo.
Además, es crucial que las políticas públicas se enfoquen en la equidad, asegurando que los recursos y esfuerzos se dirijan especialmente a las poblaciones más vulnerables, como las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, que enfrentan mayores barreras para acceder y permanecer en el sistema educativo.
En este contexto, las alianzas interinstitucionales juegan un papel clave. La colaboración entre el gobierno, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado es esencial para diseñar e implementar soluciones efectivas y sostenibles que respondan a las necesidades específicas de cada territorio.
En conclusión, la deserción escolar en Colombia es un problema multifacético que requiere una respuesta integral y coordinada. Más allá de aumentar la cobertura, es imperativo garantizar que cada niño y joven no solo acceda a la educación, sino que permanezca, aprenda y se desarrolle plenamente en un entorno que le brinde las herramientas necesarias para construir un proyecto de vida digno y contribuir al desarrollo sostenible de su comunidad y del país en su conjunto.
